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No es un asunto de ruegos. Se trata de exigir un trato justo a quiénes ahora gozan de una situación privilegiada.

La semana pasada acaba de aprobar el Parlamento Europeo una ley que facilita la expulsión de los inmigrantes indocumentados.

Y aunque la ley en mención entrará en vigencia a partir del 2010, la llamada ‘Directiva de Retorno’ pone en riesgo la permanencia en suelo europeo de cerca 8 millones de indocumentados. Según la Subsecretaría de Inmigración, 800 mil ecuatorianos podrían ser expulsados.

Es lamentable que en lugar de ser una medida que tiene como antecedente la comprensión acertada del fenómeno migratorio, represente un franco retroceso en la defensa de los Derechos Humanos y de los ideales que inspiración la formación de los Estados modernos.

El aspecto negativo de esta directiva radica que en lugar de tender a regular la migración lo que hace restringirla y a criminalizarla: se aumenta  el tiempo de detención de los indocumentados a 18 meses, se acelera los procesos expulsión, así como se intensifican las medidas de seguridad en los puestos de frontera a través de la implementación de sistemas sofisticados de vigilancia vía satélite, toma de huellas dactilares, revisión de antecedentes personales, entre otras medidas. Además, se ha contemplado limitar y restringir las reagrupaciones familiares a hijos menores de 18 años y cónyuges.

Con el fin de ablandar el impacto mediático de dicha ley, se ha dicho que habrá asistencia legal para los detenidos sin papeles, así como el tratamiento adecuado de los menores. Resulta  inconcebible que en países que se consideran como avanzados, educados y  desarrollados, etc., los inmigrantes reciban el trato de delincuentes. Ser reducido a prisión por huir de la pobreza o por buscar mejores oportunidades es un gran desatino.

De igual manera, es un contrasentido hablar solamente de tratados de libre comercio y no de la libre circulación de personas. En este sentido, más que hablar de una suspensión de las negociaciones con la Unión Europea, como ha afirmado el presidente Correa, éstas deberían ser replanteadas incluyendo la problemática migratoria. Un tratado de cooperación no puede hacerse en base a las conveniencias de un solo lado, sino tomando en cuenta las preocupaciones de ambos bloques.

El blindaje de las fronteras que ha emprendido la Unión Europea es solo un primer aviso de todo lo que esta por venir. En este punto América Latina y especialmente los países andinos no pueden tener una actitud timorata sino firme y propositiva. No es un asunto de ruegos, venias o indulgencias. Se trata de exigir un trato justo y adecuado a quiénes ahora gozan de una situación privilegiada y que parece se olvidan de la acogida y solidaridad que recibieron de nuestros países.

Eso no implica desconocer la responsabilidad que tenemos frente al fenómeno migratorio. Por ello el cierre de las fronteras y el retroceso que estamos viendo en ciertos países debe llevarnos a pensar en la importancia que representa tener una economía sana y en franco crecimiento, instituciones fuertes y eficientes, encaminadas a resolver los grandes problemas del desarrollo.