Estados Unidos: OEA pedirá a UE recapacitar antes de que directiva inmigración entre en vigor Imprimir E-Mail

EFE Washington

La OEA acordó este jueves enviar una misión de alto nivel para manifestar su preocupación por la directiva de retorno aprobada la semana pasada por la Eurocámara, que afectará 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, encabezará esta delegación para obtener información y "buscar soluciones prácticas, a través del diálogo, a las inquietudes expresadas" por los países miembros de la institución.

Así lo acordó el Consejo Permanente de la OEA, en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú, que congregó a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde.

También a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y de México, Lourdes Aranda, así como a un grupo de observadores de la Unión Europea.

En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma y consideró "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada".

Además, expresó su inquietud por las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva, tales como la detención de inmigrantes irregulares sólo con una orden administrativa y por periodo de hasta 18 meses en centros penitenciarios corrientes.

El ministro peruano aseguró que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte".

Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de que la normativa entre en vigor en 2010. Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario y facilitando el intercambio de información.

La propuesta presentada por Perú obtuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes.

 
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