EFE MADRID/ESPAÑA

La propuesta fue planteada por representantes del Parlamento Europeo.

Los parlamentarios latinoamericanos plantearon ayer, en Madrid, un diálogo político sobre la directiva de retorno, que establece que los “sin papeles” puedan ser retenidos un máximo de 18 meses hasta su repatriación, mientras que los europeos propusieron la elaboración de una hoja de ruta para abordar el tema.

Ambas propuestas se realizaron durante la reunión que mantuvieron los representantes del Parlamento Europeo (PE), bajo el auspicio de la Asamblea Euro-latinoamericana (Eurolat).

El parlamentario europeo, José Ignacio Salafranca, copresidente del Eurolat, incidió en la necesidad de clarificar la aplicación de la directiva en la sociedad latinoamericana, por lo que anunció la elaboración del mencionado documento para abordar la problemática.

La “hoja de ruta” diseñada en la reunión de ayer establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio para la Migración, con sede en América Latina, que permita seguir la aplicación de las normas migratorias y la situación de los “irregulares” en Europa.

“Es importante remarcar que la directiva de la UE ha sido establecida en el marco de los derechos humanos. Su objetivo no es criminalizar, tal y como se ha entendido en muchos países”, apuntó.

Ivonne Juez de Baki, presidenta del Parlamento Andino, por su parte, manifestó, que la nueva directiva de la UE provocó una reacción bastante fuerte en nuestros países, un rechazo total, porque no se esperaba y no fue explicada tal y como es en realidad.

“Se entiende que todos tenemos derecho a buscar una vida mejor en otro país, pero para ello hay que atenerse a una serie de normas, y lo digo desde la perspectiva de España, que fue un país de inmigrantes”, señaló.

El presidente del Parlatino, Jorge Pizarro, declaró, en cambio, que la directiva europea “deja en situación de vulnerabilidad muy alta” a los latinoamericanos.

.Salafranca aclaró que “una política de inmigración regulada tiene que ser capaz de orientar los flujos migratorios” y negó que la nueva norma tenga como único objetivo la reducción de la llegada masiva de irregulares a los estados de la Unión Europea.

El representante de la UE en el Eurolat recordó los lazos que nos unen a Latinoamérica, “no solo económicos y sociales, sino también históricos”, y subrayó la importancia de la inmigración para el futuro de Europa.

“Está previsto que la población europea descienda de aquí a 2040. Los inmigrantes constituyen no sólo nuestra futura mano de obra, sino también un importante valor humano”, señaló.

A lo que Baki añadió que se debe explicar bien el significado de la directiva. “Hay que aclarar que no entra en vigor hasta dentro de dos años y que cada país tiene derecho a aplicarla según su propia legislación. No es una resolución absoluta”.

Los parlamentarios europeos y latinoamericanos se reunirán nuevamente en la Mesa Directiva de la Asamblea Eurolat, los próximos 24 y 25 de septiembre en Estrasburgo (Francia), para definir los siguientes pasos a dar en la solución de la problemática suscitada tras la aprobación de la directiva.

A la reunión de la Mesa está previsto que asistan la comisaria europea de las Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, y el comisario para Asuntos de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot.