Acciones de protesta de la Asociación de Migrantes Rumiñahui a partir de múltiples denuncias de familiares de migrantes, se iniciaron el 10 de marzo de 2006 con un plantón frente a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Quito; después se realizó la marcha "Romper con el miedo y el silencio" que partió desde la Fiscalía General del Estado hasta el Congreso Nacional. Estas acciones presionaban para que se realice una investigación transparente y si se estableciera la comisión de un delito, exigir la destitución del defensor del pueblo, Claudio Mueckay. Los familiares de migrantes llevaron ramas de ortiga para purificar a la burocracia "defensora" de los derechos humanos. También se colocaron cruces en memoria de los compatriotas fallecidos en Europa, cuyos familiares habrían sido perjudicados por Mueckay y sus ex colaboradores.

Casi un año después de iniciada esta campaña, el 6 de marzo de 2007 la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) denunció contra Mueckay por haber "abusado de recursos públicos en beneficio de terceros". Y recién el día 14 de julio de 2008 la Fiscalía solicitó su prisión preventiva

El defensor del Pueblo, Claudio Mueckay Arcos, enfrenta una causa penal por supuesto peculado y una concurrencia de delitos, con pedido de prisión preventiva, que le inició la Fiscalía General. Mueckay ayer se defendió y dijo que se trataba de una persecución política.

Las denuncias presentadas en el 2006 en contra de Mueckay, refieren supuestas anomalías en la designación de autoridades en el exterior, la repatriación de cadáveres de ecuatorianos fallecidos en el extranjero y la supuesta donación irregular de órganos de compatriotas fallecidos.

Estas denuncias cobraron fuerza ayer en que el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, inició la instrucción en contra de Mueckay, y solicitó a la Corte Suprema su prisión.

La instrucción llegó a la Suprema, y desde ayer se analiza para determinar si amerita o no solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente que levante la inmunidad de la que goza el Defensor del Pueblo, para enjuiciarlo como ha solicitado la Fiscalía, por el presunto delito de peculado.

Fernando Casares, magistrado de la CSJ, admitió ayer que se analiza solicitar la respectiva autorización que sea pertinente, en este caso a la Asamblea Constituyente “que hace las veces de Congreso”.

Advirtió que en caso de que la Asamblea no tome una resolución, el tema quedaría en suspenso hasta cuando se pronuncie el órgano legislativo que se instale.

A decir del fiscal subrogante, Claudio Mueckay es acusado de una concurrencia de supuestos delitos, incluido el peculado por lo que la Fiscalía ha pedido enjuiciarlo pero para ello es necesario que sea levantada su inmunidad. Alfredo Alvear señaló que la resolución se emitió el viernes.

En esa causa se hacen constar las irregularidades que supuestamente cometió el Defensor del Pueblo, al designar sin el debido proceso a directores en el exterior.

“Se salió de las reglas establecidas” y “actuó de manera arbitraria”, señaló Alvear tras recordar que desde el 2006 se investiga al funcionario, al señalar que él ha actuado en base al Art. 217 del Código de Procedimiento Penal.

A las declaraciones de Alvear se agregó un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), en la que se señala que Mueckay “habría abusado de recursos públicos en beneficio de terceros”, al nombrar a los directores en el extranjero.

El caso fue denunciado en marzo de 2006 y determinó indicios de responsabilidad en su contra “por emitir disposiciones que exceden sus atribuciones”. Según la CCCC, los ex directores de Derechos Humanos en Europa, Carlos Guevara y Rita Gortaire, habrían perjudicado a los familiares de los migrantes fallecidos en España “al cobrar indemnizaciones en su nombre, utilizando poderes especiales dados por los propios familiares, a través de la Defensoría”.

En rueda de prensa, la tarde de ayer Mueckay aseguró ser víctima de persecución política por parte del fiscal subrogante, por el caso Porta, particularmente cuando la Defensoría del Pueblo abrió un expediente en este caso en que Alvear tendría intereses.

“Es en el caso del dinero que tiene que devolver la empresa telefónica que se llama Porta. Este pronunciamiento nuestro para exigir que se devuelva 27 millones de dólares por el período que va desde 1999 hasta el 2008”, dijo al señalar que esta fue una decisión tomada en base a los peritos y la intervención de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Aseguró que no huirá de la justicia, por lo que esperará que la Asamblea Constituyente tome una resolución sobre su inmunidad o fuero especial y que hoy acudirá a la Fiscalía l de la Nación para presentar una denuncia en contra del fiscal subrogante.

Patricio González
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Reportero - Quito