El plan del Ejecutivo va dirigido exclusivamente a los inmigrantes extracomunitarios cuyos países de origen tengan convenios en materia de Seguridad Social con España, o lo que es lo mismo: Marruecos y hasta un total de 19 países latinoamericanos, como Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela…
La estimación del Ministerio de Trabajo es que en septiembre –fecha en que el plan estará terminado y será puesto en vigor- se adherirán a la medida sólo un 10% de los inmigrantes en paro susceptibles de beneficiarse de la misma. Esto es: 10.000 personas, sobre una base que ronda los 100.000.
El Gobierno les ofrece la posibilidad de cobrar el dinero cotizado a la Seguridad Social de golpe –más concretamente en dos plazos-, pero a cambio los inmigrantes pierden el derecho de residencia en España por un plazo de tres años.
“Discriminación”
Desde la asociación de ecuatorianos residentes en España Rumiñahui, uno de los colectivos foráneos más numerosos junto a los marroquíes, denuncian que el “principal problema es la discriminación que se hace entre extranjeros y autóctonos”.
“Si estuviéramos en condiciones de igualdad se les entregaría ese dinero también a los españoles”, señaló a dMinorias, Mercy Rosana Viñán delegada de la asociación en Murcia. En su opinión, la medida del Gobierno evidencia la “deshumanización de las políticas de extranjería, ya que se nos considera sólo como mano de obra”, apunta.
Así, recuerda que los inmigrantes son personas con “hijos, proyectos, sueños… al igual que el resto de ciudadanos” y que han “generado riqueza” durante los últimos años. “¿Nos vamos nosotros para que ustedes vivan bien?”, ironiza no sin cierto amargor.
