En este sentido, pidió a esa organización continental que modifique la normativa.

La CIDH señaló en un comunicado que "considera preocupante la ausencia de garantías suficientes en esta directiva que aseguren el respeto a los derechos de los y las migrantes".

El parlamento europeo aprobó esta "directiva" el 18 de junio último, despertando un fuerte rechazo de los países latinoamericano y las organizaciones de derechos humanos.

La norma, que todavía debe ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea, establece reglas continentales para la expulsión de indocumentados, prevé detención de inmigrantes por hasta dieciocho meses y prohibición por cinco años para retornar a los países del bloque.

"Los estándares internacionales, incluidos los aplicados por organismos regionales, deben ser respetados por todos los estados", dijo la CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese sentido, la comisión "exhortó" al parlamento y al consejo de la Unión Europea a "modificar la directiva de retorno para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las migrantes".

La comisión recordó que la detención en casos migratorios "debe aplicarse sólo de manera excepcional" y, en ese caso, "ser lo más breve posible".

"El derecho internacional prevé que los países tienen tanto el derecho como la obligación de establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio", reconoció la CIDH.

Pero, "al mismo tiempo, establece que las acciones en este sentido deben realizarse con el debido respeto hacia los derechos de las personas afectadas, y que la observancia de principios fundamentales, como la no discriminación y el derecho a la integridad personal, no pueden subordinarse a la implementación de las políticas públicas", completó. 

Cadena Global/ANSA