Nuria Tendeiro Parrilla, Valencia, http://www.levante-emv.com
La Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables nació hace un par de meses en la sede madrileña de la ONG América España Solidaridad y Cooperación (Aesco) de la mano de unas pocas decenas de propietarios extranjeros hipotecados. Y surgió con el fin de negociar con los bancos cómo salvar la expropiación de sus viviendas familiares en caso de que las subidas exorbitadas del euríbor y las consecuencias de la crisis deriven en impagos momentáneos.
Actualmente la constituyen un millar de familias, la mayoría de extranjeros residentes en Madrid aunque también hay algunas decenas de familias autóctonas. Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay son las nacionalidades a las que pertenece el mayor número de familias de este grupo, que cada día recibe correos, mensajes y llamadas de gente de Barcelona, Valencia, Albacete y Murcia con riesgo de ser expropiada. "En 2004 compré mi casa por la que empecé a pagar 950 euros mensuales. Ahora pago 1.550 euros. Después de dos meses de impagos la entidad bancaria me ha incluido en la lista de morosos y ya no hay vuelta atrás en el proceso judicial", explica el informático ecuatoriano Erik Játiva que en una de las reuniones informativas de Aesco decidió crear, junto a otras personas con la misma problemática, la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Hipotecas Impagables. "Los procedimientos por impago se llevan a cabo en los juzgados de cada municipio, por este motivo necesitamos organizarnos para que en cada ciudad puedan informarse y actuar adecuadamente. Ya se ha hecho en Guadalajara, Murcia y Alcalá de Henares", afirma Erik Játiva. Es precisamente en el Centro Cívico María Zambrano de esta última ciudad donde Aesco, el Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (CAJE) y la Plataforma por la Defensa de una Hipoteca Impagable convocaron el domingo pasado a los vecinos que no pueden hacer frente a los pagos. Acudieron un centenar de familias, la mayoría inmigrantes. Declararse en suspensión de pagos Las entidades plantearon en esta asamblea que cada una de las familias se declarase en suspensión de pagos ante los juzgados para renegociar las deudas con las entidades financieras: "En este caso el banco, dada la responsabilidad moral en la gestión del sistema de créditos y por el hecho de tratarse de vivienda familiar única, debería aceptar la suspensión parcial del pago de los intereses del préstamo y la suspensión de los intereses de demora, mientras subsisten los motivos que hoy impiden al deudor hacer frente a su actual alza exorbitante", explican los convocantes en un comunicado en el que critican que en los tres últimos años "las cuotas mensuales amortizadas del préstamo hipotecario han sido impactadas con incrementos, en algunos casos, del 100% de la cuota que se corresponde con los intereses". Otra de las vías que planteó Aesco en la jornada celebrada en Alcalá de Henares fue la creación de un fondo de garantía hipotecaria para la vivienda familiar única, una propuesta que ya ha sido presentada ante el Ministerio de Vivienda que se ha comprometido a dar una respuesta en el mes de septiembre. Se trataría de un fondo, con las aportaciones de la entidad prestamista y de los usuarios hipotecarios, en el que se diferenciarían los aportes al fondo por concepto de capital, de los que se deben hacer por el rubro de intereses. Garantizar el derecho a la vivienda "El gobierno español, bien de los presupuestos o con fondos del Instituto de Crédito Oficial, dada la urgencia de intervención inicial del FGH, aportaría la cantidad de dinero que la dirección del Fondo determine, a fin de intervenir inmediatamente, para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna, que asiste tanto a los nacionales españoles como a los extranjeros residentes en España" detalla el director de los servicios jurídicos de Aesco, Gustavo Fajardo, el funcionamiento del propuesto fondo de garantía hipotecaria. "Aquí las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos harían sus aportes, en función del número de familias que acrediten los requisitos de derecho a obtener la suspensión de pagos", concreta Fajardo. El delegado de la ONG en Valencia y Castelló, el colombiano Mauricio Forero Perdomo, ha declarado a Levante-EMV que se ha planteado la posibilidad de que en breve pueda asesorarse directamente desde la delegación valenciana a las personas afectadas residentes en la Comunitat Valenciana. Unas 60.000 familias se encuentran en la actualidad en situación de impago de sus hipotecas en España, cifra que podría duplicarse hasta alcanzar 120.000 a finales de año, según estimaciones de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), de las que el 40% son inmigrantes. Más información en la web www.aesco-ong.org y en el teléfono de Aesco 91 477 58 31. |
