En la sesión celebrada hoy, el auditor que instruye el proceso en el Consejo de Estado ha dado una opinión negativa sobre la apelación, pues considera que la expulsión de Salazar no constituiría un "prejuicio grave y difícilmente reparable".
El ecuatoriano de 19 años recibe en Bélgica un tratamiento médico, que según los abogados no se le podría ofrecer en Ecuador, pero la Oficina de Extranjería considera que el retorno al país de origen no perjudicaría la salud de Salazar.
El auditor explicó hoy que comparte esa opinión y que no hay pruebas de que no podría recibir el mismo tratamiento en Ecuador.
El abogado de Salazar, Papis Tshimpangila, precisó tras la vista que la opinión del auditor no es necesariamente negativa, sino que "determina que la decisión de expulsar al cliente, tomada por la Oficina de Extranjería, no era ilegal".
Además, recordó que el Consejo de Estado no tiene obligación de seguir el punto de vista del auditor y recordó que existen varios precedentes de este tipo.
La presidenta del Consejo tomará su decisión probablemente durante los próximos días, y mientras tanto, ha insistido en que la Oficina de Extranjería no proceda a ninguna medida de expulsión antes de que se haya pronunciado.
"Tengo esperanza de que no será expulsado", ha declarado la madre de Salazar después del aplazamiento.
Sin documentos
Salazar fue detenido el pasado miércoles y permanece recluido en el centro para indocumentados 127 bis, cerca del aeropuerto de Bruselas.
El caso del ecuatoriano comenzó en la noche del pasado miércoles, cuando el joven celebraba su cumpleaños junto a varios amigos y un vecino llamó a la policía a causa del ruido.
La policía comprobó la identidad de Salazar y constató que no tenía los papeles en regla, por lo que trasladó el caso a la oficina de extranjería, que ordenó su expulsión, paralizada a la espera de la decisión del Consejo de Estado.
A la audiencia de hoy acudieron una veintena de los amigos de Salazar, entre ellos su novia, con quien lleva casi tres años de relación.
