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EFE/AFP BRUSELAS/BÉLGICA La Unión Europea (UE) dio ayer un nuevo paso hacia la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta y vinculada a las necesidades del mercado laboral al alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo.
El pacto, que consta de diez páginas, tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo. “La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor”, señala claramente el texto. Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación. El Consejo de Ministros comunitario cerró el acuerdo político sobre el pacto, que será aprobado formalmente en la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre. El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el pacto “es un gran paso” dentro del objetivo de los Veintisiete de “ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo” a fin de evitar el tráfico de personas y los abusos que sufren los indocumentados. Si no se consigue vincular la inmigración a las necesidades laborales se produce una “degradación del mercado de trabajo y una regresión de las conquistas sociales”, aseguró. Dentro del objetivo de lograr una inmigración controlada y selectiva, el Consejo de Ministros logró un principio de acuerdo sobre una de las propuestas que pueden comenzar a plasmar en la práctica los principios del Pacto: la creación de una “tarjeta azul” para atraer a inmigrantes altamente cualificados. La reunión acordó los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no sería antes de mediados de 2011, debido a las reticencias de la República Checa. La “tarjeta azul” ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir asentarse en EE.UU. o Canadá, y precisamente el nombre sigue la pauta de la “tarjeta verde” estadounidense (aunque el mecanismo legal es diferente). La propuesta define como inmigrantes altamente capacitados a los que tengan estudios universitarios de al menos tres años, o una experiencia profesional demostrable en un trabajo equivalente durante un mínimo de 5 años. Además, recibirán un salario anual bruto del 150 por ciento del salario medio de cada país, aunque en algunos casos podrá ser del 120 por ciento. En España, el salario medio bruto es de unos 22.000 euros, según las estadísticas, aunque la cifra real es variable en función de las actividades económicas y las zonas geográficas, explicaron fuentes diplomáticas. Por ello, un inmigrante de este tipo cobraría a partir de unos 33.000 euros brutos anuales, independientemente de las citadas variaciones por profesiones o provincias. Sin embargo, algunas naciones de la UE plantearon ayer sus dudas sobre la efectividad de un propuesto programa de visas de trabajo “Tarjeta azul”, que pretende atraer a trabajadores especializados. El ministro del Interior alemán, Wolfgang Schaueble señaló que el plan, de ser aceptado por los ministros del Interior y de Inmigración de la UE, no hará mucho por atraer a los médicos, enfermeras, ingenieros o plomeros que necesita el bloque de 27 naciones. “Las expectativas sobre la tarjeta azul siempre han sido exageradas”, observó Schaueble. “Son los Estados miembros los que tienen la responsabilidad de los mercados laborales y la tarjeta azul no cambiará eso. Tampoco debería hacerlo”. Contratos públicos con criterio ecológico Los Veintisiete se comprometieron ayer a tener en cuenta criterios medioambientales en la adjudicación de contratos públicos, conscientes del peso del sector en la economía y de que puede servir de ejemplo a las empresas. Los responsables de Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación) de la UE, reunidos ayer en Bruselas, estuvieron de acuerdo con los diez sectores prioritarios establecidos por la Comisión Europea para avanzar en este ámbito. La construcción, la alimentación y los servicios de restauración, el transporte, la energía, las máquinas de oficina y los ordenadores, los uniformes, el papel y los servicios de impresión, el mobiliario, los productos y servicios de limpieza y el material sanitario son, según Bruselas, los sectores con más potencial “verde”. Con esta iniciativa, los Estados miembros quieren impulsar unos métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente y estimular el suministro de servicios que aporten valor añadido en este ámbito. Los ministros solicitaron a la Comisión que presente propuestas sobre cómo llevar a la práctica estos objetivos. (EFE) |