Mariana Cantero  --  http://www.tribunalatina.com

Distintos colectivos sociales, sindicatos y otras organizaciones convergerán el martes 7 a las 19 horas para manifestarse por el centro de Barcelona en contra de la Directiva Europea de las 65 horas. En el resto de España también hay convocadas manifestaciones el mismo día, en el que se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Digno. Entre las entidades que llaman a participar en las protestas hay más de 20 asociaciones de inmigrantes.

La Directiva por las 65 horas fue aprobada en junio de este año por el Parlamento Europeo, abriendo la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión implanten jornadas laborales de hasta 65 horas semanales. Tribuna Latina dialogó con Ghassan Saliba, Secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, para ahondar en el tema.

¿Qué establece la Directiva de las 65 horas semanales?

La Directiva es una de las lineas que se están dando a nivel europeo de recorte de derechos laborales que habían sido conseguidos con muchos años de lucha, desde la revolución industrial hasta ahora. Se quiere hacer creer que incrementando las horas de trabajo aumentará la productividad y se solucionará la crisis económica, cuando la solución es que trabaje más gente menos horas.

La Directiva también permite las negociaciones directas entre trabajador y empresa, sin representación colectiva...

Sí. La Unión Europea está en la tendencia de anular logros históricos, como son el diálogo sindical bilateral entre patronal y sindicatos, para definir convenios colectivos que sean los que determinen los salarios y las condiciones de trabajo.

¿Cree que la Directiva puede afectar más al colectivo inmigrante que a otros?

Sí, afectará a inmigrantes, mujeres y jóvenes más que a otros colectivos, porque ellos son los que están en condiciones de precariedad laboral, con contratos peores y en una situación más indefensa, muchas veces, que otros colectivos.

Y el discurso oficial, mientras tanto, es que en España no se implementará...

Esperamos que el gobierno español tenga la firmeza para no aplicarla. Pero, al mismo tiempo, como sindicato nuestra misión es presionar para que no lleguemos a un cambio de postura del gobierno. Queremos, además, que España cambie su política en temas de inmigración, como el salario mínimo de alta cualificación de 3000 euros o la Directiva de retorno. Estas medidas van en contra de los principios democráticos y del diálogo social. Queremos enfatizar que el derecho a vivir en familia es un derecho fundamental. Tampoco se puede culpabilizar a la inmigración de la crisis económica; el Ministro Corbacho, el mismo día que salieron los datos del paro en España, salió a anunciar que la contratación en origen será nula el año que viene. Pero todavía hay sectores que necesitan mano de obra extranjera porque los españoles prefieren estar en el paro y no trabajar en malas condiciones, como las que hay en el servicio doméstico o la hostelería.