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Maricarmen Amado EFE Nueva Jersey, 8 oct -- Organizaciones pro derechos humanos han pedido a la Corte Federal de Nueva Jersey que desestime la demanda de un grupo antiinmigrante que busca prohibir el alquiler de viviendas a indocumentados.
El documento en conexión con el caso judicial Del Río-Mocci contra Connolly Properties, Inc -empresa que arrienda apartamentos en Plainfield-, fue presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de los hispanos que se oponen a las iniciativas contra los inmigrantes.
Las organizaciones representadas son el Fondo de Educación y Defensa Legal México Americano (MALDEF), la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos del Inmigrante, ACLU de Nueva Jersey, Centro por Justicia Social de la Escuela de Leyes de Seton Hall University, y los abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.
"Hemos presentado esta moción porque es importante que la Corte sepa qué otros casos legales de este tipo, tanto en California como Pensilvania Texas, Misuri y Oklahoma, han sido declarados inconstitucionales", dijo a Efe la abogada Kristina Campbell, portavoz de MALDEF.
En esos casos, "los jueces han presentado mociones de amparo para prohibir a ciudades y estados poner en práctica leyes que pueden ser usadas para que no se alquilen casas a los inmigrantes", señaló Campbell.
"La ley federal es muy específica de lo que se debe hacer o no en los pueblos y la constitución no indica ninguna prohibición para alquilar vivienda a los indocumentados", agregó.
La estrategia legal del Instituto para la Ley de Reforma Migratoria (IRLI) es impedir que los propietarios de viviendas alquilen casas a indocumentados y pretende que los caseros hagan el papel de agentes de inmigración bajo la Ley contra Organizaciones Corruptas influidas por la Mafia (RICO).
Esta ley fue aprobada en 1970 para combatir la mafia organizada, los delitos relacionados con la migración y el tráfico humano.
La demanda de IRLI sostiene que la empresa inmobiliaria tiene un alto número de indocumentados en sus propiedades que podrían estar buscados por las autoridades.
Flor González, directora ejecutiva de Latin American Coalition de Plainfield, dijo que es importante luchar contra la demanda porque tendría un efecto muy negativo contra la comunidad.
De ser aprobada, los caseros deberán pedir "los documentos legales a los inquilinos y eso sería una violación a sus derechos constitucionales", dijo González.
"Creemos que están tratando de hacer una persecución en un área donde los latinos son mayoría en número y son los que mantienen la economía de Plainfield, comprando en tiendas, bodegas y restaurantes", agregó.
IRLI, que trabaja con la Federation for American Immigration Reform (FAIR), respalda una serie de ordenanzas municipales antiinmigrantes en todo el país, y sostiene que los propietarios que alquilen viviendas a inmigrantes sin papeles violan los estatutos federales que imponen cargos penales a quienes albergan indocumentados.
"Estamos preparados para responder la petición de los demandados y estamos seguros de que saldremos bien", dijo a Efe Garrett Roe, abogado del equipo de IRLI encargado del proceso judicial.
Los abogados del Fondo de Defensa Legal Puertorriqueño, que son los encargados de defender los derechos de los inquilinos de Plainfield, han solicitado que se permita su intervención en la Corte para explicar el impacto de esa medida antiinmigrante.
"Las agencias de ayuda a los inmigrantes de Nueva Jersey están profundamente disconformes con el plan para privar del techo a las familias inmigrantes del área", dijo Bassina Farbenblum, abogada del Centro por Justicia Social de Seton Hall.
"Esta demanda es otro intento de los grupos antiinmigrantes para acabar con las leyes estatales y federales contra la discriminación y denegar a inmigrantes, hombres, mujeres y niños el derecho básico de vivienda", agregó. EFE
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