PROPUESTA NACIONAL RAFAEL QUINTERO

Es tiempo de un cambio social

Por casi un siglo, la toma de decisiones en el Ecuador ha estado basada en un VIEJO PACTO OLIGÁRQUICO (VPO) , esto es en componendas de las oligarquías regionales y sus representantes, enn la presencia de la partidocracia en los aparatos y centros de poder del Estado favorables exclusivamente a sus intereses.  Solo en los últimos años, este VPO se ha expresado en la política neoliberal “de ajuste”, la brutal concentración de la riqueza, el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos, el control de cortes y tribunales y superintendencias a través de los cuales se ha hecho encarcelar a gente inocente, el reparto de la troncha institucional del Estado,  la corrupción generalizada, etc., etc. Los pronunciamientos populares de los últimos años y, especialmente, los resultados de la Consulta Popular del 15 de abril son un grito de ¡Basta ya! de esta realidad.

Por ello, la Asamblea Constituyente es el espacio para la construcción de un NUEVO PACTO SOCIAL con la convergencia de todas las fuerzas sociales-económicas-políticas-culturales que entienden la necesidad de empoderar a todos aquellos sectores marginados del quehacer estatal (industriales nacionalistas, agricultores pequeños y medianos, campesinos pobres, comerciantes medios y pequeños, pueblos indígenas y afrodescendientes, artesanos y trabajadores manuales e intelectuales, emigrados) y, sobre esa base, construir un vigoroso, moderno y democrático Estado Nacional. Solo a través de este NUEVO PACTO SOCIAL derrotaremos a la bancocracia representada por la partidocracia, específicamente el PSC, al PRIAN, a la  ya desfigurada ID y otros partidos políticos auxiliares a éstos y sentaremos las bases para una nueva política y toma de decisiones de carácter redistributivo, democrático-participativo, intercultural, nacional e internacionalista que nos tome en cuenta a todos/as y que lleve a nuestro país al siglo XXI.

En base a la forja de este Nuevo Pacto Social, nos planteamos realizar: una reforma económica, una reforma social  y cultural, y una reforma política. Para ello en la ANC se impulsarían las siguientes políticas y principios o preceptos.
 

1) UNA REFORMA ECONÓMICA
 

Ø      Desarticulación del modelo neoliberal.- Mediante la reversión de los procesos privatizadores de enajenación de las empresas y recursos nacionales, desarticulación del sistema de protección y salvataje de los intereses rentistas de la banca privada y fortalecimiento de lo público, para enrumbar políticas de Estado que hagan posible el pago de la deuda social.

Ø      Transformación de las formas de propiedad.- Estableciendo en la Carta Magna, además de la propiedad privada, pública, comunitaria y mixta, la cooperativista y la propiedad social, conformada por los excedentes que obtiene el Estado del proceso de producción de las empresas estratégicas, que se destinará al financiamiento de programas sociales y productivos.

Ø      Recuperación de las áreas estratégicas de la economía.- Estableciendo en la Constitución que el Estado nacionaliza y se reserva la exploración, explotación y administración del petróleo, gas, minas, aguas, recursos naturales, empresas de telefonía y energía eléctrica y recursos de la biodiversidad natural; siendo prohibida su concesión a empresas extranjeras; lo cual garantiza que el país recobre su capacidad para el desarrollo nacional, con la administración soberana de recursos como el petróleo, que actualmente se encuentran en manos de compañías petroleras internacionales privadas. 

Ø      Auditoria ambiental y financiera a las concesiones.- Sea en el caso de la explotación de recursos o prestación de servicios, que han dado entidades estatales y públicas a intereses particulares, amerita la urgente revisión de las mismas, identificando si existe proporcionalidad entre el beneficio social o público y las utilidades de los grupos económicos beneficiados por esta clase de contratos. 

Ø      Establecimiento constitucional de la Reforma Agraria integral.- Como base y garantía de la soberanía alimentaria, que se ejerce mediante el acceso y titularización de tierras, y el desarrollo agrícola con créditos y apoyos estatales.

Ø      Garantía de una reforma urbana.- Que promueva el empleo y garantice vivienda, en aras de enfrentar el déficit habitacional (1´200.000 viviendas). La Carta Magna contemplará la creación de bancos de tierras y bancos de materiales de construcción, éstos últimos se obtendrán reformando el actual mecanismo de concesión y aprovechamiento minero de los recursos del suelo (piedra, arena y grava) para que sean las Municipalidades, quienes resuelvan en primera instancia los trámites de concesión, reservándose espacios de aprovechamiento minero que les brinden un stock de materiales de construcción.

Ø      Declaración constitucional de defensa de la biodiversidad.- Aplicando el principio de compensación ambiental, que obliga a las industrias contaminantes a indemnizar al Estado. Será menester además, la emisión de las leyes necesarias para la aplicación efectiva de aquel principio.

Ø      Reforma al procedimiento de aprobación del Presupuesto General del Estado.- Estableciendo indicadores obligatorios de gasto público y mecanismos que impidan que los funcionarios gasten los fondos públicos a discreción.

Ø      Normativa constitucional que viabilice la auditoria de la deuda externa.- Identificando la deuda usurera e ilegítima y reduciendo las asignaciones  presupuestarias destinadas al servicio de la deuda externa, que deben guardar relación con la tasa de crecimiento  económico del país.

Ø      Restablecimiento de la planificación descentralizada.- participativa, y de “abajo hacia arriba”, como un instrumento técnico y de sentido nacional para orientar la acción de los organismos del sector público, dejando de lado el falso principio neoliberal, de que la “mano invisible” del mercado autorregula la acción de las instituciones de gobierno.

Ø      Reforma Tributaria y control de la evasión del pago de impuestos.- La Constitución permitirá reformar la base imponible del impuesto a la renta que no se calculará sobre el ingreso, sino 80% sobre el patrimonio y 20% en relación al ingreso, para que paguen más los poseedores de grandes riquezas patrimoniales. Se reformará además la política de incentivos tributarios que privilegia a las grandes empresas y se endurecerán las sanciones a los grandes evasores de impuestos.

Ø      Integración económica regional.- Que permitirá fortalecer un mercado común sudamericano y buscar mecanismos para recuperar la soberanía monetaria. 

2)  UNA  REFORMA SOCIAL Y CULTURAL
 

Ø      Defender y mejorar los derechos sociales.- Ampliando las conquistas que contempla la actual constitución, para que todo nuevo cambio sea para mejorar los derechos y garantías  establecidos.

Ø      Asegurar mecanismos de redistribución de la riqueza.- Con énfasis en la situación agraria.

Ø      Garantizar la organización popular.- Promoviendo su desarrollo en toda la geografía nacional.

Ø      Defender el derecho de asociación de los trabajadores.- Volviendo a establecer el principio de la libre contratación colectiva, sin cortapisas no trámites ajenos a las normas del Código del Trabajo.

Ø      Establecer que el principio de la interculturalidad sea la base para el rediseño de la institucionalidad.- Constituyendo además un eje transversal para la formulación de políticas  públicas multiculturales. 

Ø      Defender la existencia del seguro social general y obligatorio.- Señalando un calendario de pagos de la deuda del Estado para con el IESS, que no podrá ser mayor a 10 años; debiendo impulsar además. La emisión de una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social, que busque mecanismos para que sea efectiva la universalización de la seguridad social, comenzando con la seguridad social para las amas de casa.

Ø      Garantía constitucional de la unificación de las remuneraciones.- De los servidores públicos y privados, norma que se deberá cumplir sin excepción, con verdadera equidad para todos.

Ø      Regulación de sueldos y salarios.- Que incluya a todas las instituciones del sector público y estatal, incluyendo a los de funcionarios de las instituciones “autónomas” (Banco Central, Contraloría, CN, TSE, TC, CNJ, etc.).

Ø      Garantizar una educación y salud de calidad.-  Con pertinencia cultural para los ecuatorianos y las ecuatorianas. La Educación y  salud no deben estar en manos del mercado y de los monopolios privados, aunque se debe respetar la existencia de la iniciativa privada para estos servicios, adecuadamente regulado, para quienes puedan pagarlo.

Ø      Creación aseguramiento universal de salud.- Que garantizará a todos los ecuatorianos servicios públicos hospitalarios, atención primaria de salud pública, salud preventiva, así como asistencia obligatoria en clínicas u hospitales privados, para atención gratuita de emergencias y partos.

Ø      Robustecimiento de la Educación Pública.- Fortaleciendo el sistema de educación pública, laica y gratuita en todos los niveles, así como la educación intercultural bilingüe.

Ø      Impulso de la ciencia y  tecnología.- Como base del sistema educativo y del desarrollo de la producción, de una moderna sociedad del conocimiento, incorporando los conocimientos y las tecnologías de los pueblos indígenas y afroecuatorianos.

Ø      Constitucionalización del financiamiento de las actividades culturales y artísticas.- Con énfasis en la inversión cultural, que debe realizarse en forma planificada y descentralizada, y considerando a todas las culturas; así como en la puesta en valor de los bienes calificados como patrimoniales.

Ø      Oficialización de los idiomas de todos los pueblos indígenas.- Como garantía de multiculturalidad del Ecuador.

Ø      Establecimiento constitucional de un sistema de medios de comunicación público.- Como verdadera alternativa de promoción cultural, distinta a la política mercantil de los medios privados, cuyo funcionamiento debe ser garantizado plenamente.

Ø      Promoción del desarrollo deportivo.- Generando normas constitucionales que motiven la reforma a la Ley de deportes, tendiente a impulsar la efectiva participación de los deportistas en la definición de políticas de Estado, así como la recuperación de deportes que promuevan los pueblos indígenas.

Ø      Reconocimiento constitucional de los derechos de los emigrantes.- Que buscan mejores oportunidades en otros países del orbe; precautelando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, con la creación de la Defensoría del Migrante, adscrita al Consulado Ecuatoriano del país de acogida.

Ø      Establecimiento constitucional del sistema asociativo microempresarial.- Que cuente con recursos del Estado, de los gobiernos locales y de los migrantes, para generar emprendimientos productivos agrícolas, ganaderos, artesanales e industriales.

Y,

3) UNA REFORMA POLÍTICA

Ø      Transformación radical del poder legislativo.- Cambiando la actual estructura del Congreso, por la de una ASAMBLEA NACIONAL, unicameral de amplia representación de los ecuatorianos, incluyendo a los compatriotas emigrados.

Ø      Disolución del Congreso Nacional.- En ejercicio de los plenos poderes  de los que está investida la Asamblea, para evitar duplicidad de funciones con el parlamento y acoger un clamor ciudadano, se propondrá la disolución del Congreso.

Ø      Descentralización Electoral.- Que permita que en el caso de las provincias con más de 300.000 electores y  más de 5 representantes al poder legislativo; la elección de los legisladores  se haría por distritos pluripersonales, en que se elija por listas o de entre listas, de modo que la ciudadanía conozca a sus representantes.

Ø      Revocatoria del Mandato y rendición de cuentas.-  Creando normas constitucionales que encaminen una rendición de cuentas con evaluación técnica en base a indicadores de gestión que permitan calificar la labor de todos los funcionarios de elección; haciendo posible la revocatoria del mandato de las autoridades de elección popular, que no cumplan a cabalidad las metas y logros señalados en sus planes de trabajo.

Ø      Destitución de funciones e impedimento de ejercer cargo o función pública.- Se establecerá una disposición constitucional, que impida participar como candidatos o ejercer cargo público a quienes se hubiesen favorecido del proceso de sucretización, salvataje bancario, concesiones del patrimonio público, representación de organismos multilaterales de crédito o enriquecimiento ilícito, entendido como todo incremento patrimonial de un dignatario que sobrepase al monto de su ingreso mensual. Los responsables de esta clase de ilícitos, serán destituidos en el caso de que hubieren sido designados para desempeñar cualquier función pública.

Ø      Cesación de la función legislativa y elecciones anticipadas.- En caso de presentarse una desbordante pugna de poderes, que impida  al Presidente de la República el cumplimiento de su plan de gobierno; el primer mandatario podrá por una sola ocasión, disolver el parlamento y cesar a los legisladores; en cuyo caso, estará obligado a convocar a elecciones  generales anticipadas para Presidente y Vicepresidente de la república y miembros de la Asamblea Nacional, pudiendo presentarse a la reelección.

Ø      Autorización al poder legislativo para destituir al Presidente de la Republica.- Respetando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, la Carta Magna del Estado consagrará la posibilidad del enjuiciamiento político del Primer Mandatario y de su destitución. de conformidad con causales a ser establecidas en la Asamblea Constituyente; siendo indispensable además del establecimiento de pruebas de rigor, el voto de las tres cuartas partes de los miembros de la función legislativa. En caso de acontecer tal destitución, se debe convocar a elección  anticipada del Presidente y Vicepresidente de la República, así como del poder legislativo que podrá permanecer en funciones por un tiempo no mayor a seis meses calendario contados a partir de la fecha de remoción del Presidente.

Ø      Conformación de una función Judicial autónoma y despartidizada, mediante el sistema de oposición y méritos.-  La nueva Carta Magna, establecerá una disposición transitoria que regule el tiempo de permanencia de los actuales magistrados y jueces, durante el proceso de transición y llamamiento a concursos de oposición y méritos. El requisito de edad bajará de 45 a 40 años y el de ejercicio profesional de 15 a 10 años, siempre que se acredite formación de cuarto nivel. La autoridad nominadora creada por mandato constitucional para administrar el concurso, será una Comisión Legislativa o una Comisión Ad – hoc, nombrada por la Asamblea Nacional mediante un concurso de oposición y méritos.

Ø      Reorganización del Tribunal Constitucional.- Que debe constituirse como tribunal de derecho, integrado por juristas reconocidos, designados previo concurso público, sin cuotas de partidos o gremios, aplicando los mismos requisitos y el mismo sistema establecido para la designación de la Función Judicial.

Ø      Reemplazo del Tribunal Supremo Electoral.-  Por un organismo de carácter técnico-operativo y otro de justicia electoral denominado Jurado Nacional de Elecciones, ambos electos por concurso, con el sistema de selección antes descrito.

Ø      Reorganización de las entidades de control del Estado.- Fusionando aquellas instituciones dispersas como la Contraloría, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Superintendencias de Bancos, Compañías, Telecomunicaciones, etc. en un CUARTO PODER DE CONTROL PÚBLICO que actúe como instancia técnica y que sea implacable en el combate a la corrupción. Sus dignatarios serán designados mediante concurso, con un sistema similar al establecido para la designación de la Función Judicial.

Ø      Reorganización del Ministerio Público.- Aplicando el sistema de concursos de méritos y oposición, establecido para la reorganización del poder judicial.

Ø      Reingienería institucional de las entidades del Estado.- Bajo el principio del fortalecimiento de tres niveles de gobierno: El Gobierno Nacional, los gobiernos intermedios o gobernaciones -que serán la fusión de los actuales Consejos Provinciales y Gobernaciones-, los Municipios y las Juntas Parroquiales; debiendo asumir las Gobernaciones y Municipios, todas las atribuciones, competencias y recursos de organismos como el FISE, ORI, DINSE y de las entidades de desarrollo regional como CDG, PREDESUR, CREA, etc. que serían abolidas y en su lugar se establecerían MANCOMUNIDADES REGIONALES, como alianzas estratégicas para desarrollar planes, programas y proyectos cuyo interés rebase las fronteras provinciales.

Ø      Reforma del sistema electoral.-  Para garantizar la representación proporcional mediante el sistema de adjudicación de escaños con el método proporcional de cuocientes y residuos. 

Ø      Escrutinio público de los tratados internacionales.- Transparentando el debate de los convenios que suscriba el país, en el seno de la legislatura y bajo el sistema de votación nominal que evite la imposición de “acuerdos” como aquel que permitió el asentamiento de tropas americanas en la Base de Manta.

Ø      Replanteamiento de la división territorial del país.- Con base en una visión actual y proyección de futuro, para garantizar el desarrollo armónico y equilibrado del Ecuador, con mayor equidad entre las diversas regiones de la patria, articulando las MANCOMUNIDADES REGIONALES DESCENTRALIZADAS, sobre la base del fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos locales.

Ø      Reconocimiento de un régimen de autonomías y descentralización.- Que fortalezca la unidad nacional, evitando que prospere el proyecto neoliberal de disolución del Estado y dispersión de sus riquezas en manos de grupos de poder; descentralización que garantice una ampliación efectiva de la democracia, con participación de base, sin que el gobierno regional y local sean controlados por clientelismos y caciquismos políticos. Fomento a las mancomunidades de municipios, y gobiernos provinciales y otros.

Ø      Eliminación del servicio militar obligatorio.- Redefiniendo el papel de las fuerzas armadas, mediante un sistema de conscripción moderno, que respete el derecho de las personas, sus opciones y habilidades para diversas formas de trabajo; siendo menester la auditoria y reducción de los gastos militares y la supresión  de la llamada “doctrina de seguridad Nacional” que fue reformada en la Constituyente de 1998.