El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó hoy que la inmigración ilegal sea un delito en Italia, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini.

La decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas.

La tipificación como delito de la inmigración ilegal será recogida en un proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento, mientras otras medidas de lucha contra la inmigración clandestina y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley.

La inmigración clandestina como delito figuraba en una ley promulgada anteriormente por Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.

La inclusión de este delito está considerado como un triunfo del ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas, alegando que ya existe en países como Francia y Alemania.

El decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, y fija la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile una casa a un indocumentado puede ser condenado de seis a tres años. El proyecto también aumenta de seis meses a dos años de residencia legal el lapso por el cual el cónyuge extranjero puede adquirir la ciudadanía italiana.