Amnistía Internacional (AI) aseguró que en México hay corrupción, ineficacia y falta de voluntad por parte de las autoridades para castigar violaciones a derechos humanos.
En su informe anual 2008, el organismo señaló que las violaciones a las garantías fundamentales en nuestro país son sistemáticas, que la violencia contra las mujeres es generalizada y que prevalecen reiterados ataques contra los periodistas, lo que provoca un “aumento de la censura y socava la libertad de expresión”.
Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado graves violaciones cometidas por el Ejército durante operativos, pero criticó que la mayoría de esos casos son juzgados por tribunales castrenses.
Señaló que pese a la promesa del gobierno para informar el paradero de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez —detenidos, según testigos, el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca—, ambos siguen desaparecidos.
Amnistía Internacional, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional, dará a conocer hoy de manera oficial el informe 2008 sobre “La situación de los derechos humanos en el mundo”.
Refirió que en México “las violaciones a los derechos humanos continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas”, además de que gran “parte de los responsables seguía eludiendo la justicia”.
Destacó que en diversas ocasiones los cuerpos de seguridad pública hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes, como sucedió en julio del año pasado en Oaxaca.
Indicó en materia de seguridad que en 2007 más de 20 mil militares fueron desplegados en varios estados para enfrentar al narcotráfico, pero destacó que durante los operativos miembros del Ejército cometieron homicidios, torturaron y detuvieron arbitrariamente a civiles.
Criticó que el sistema de justicia militar se haya hecho cargo de la mayor parte de las investigaciones sobre esas violaciones a los derechos humanos, situación que, además de ser parcial, es contraria a lo que fijan estándares internacionales en la materia.
Amnistía Internacional señaló que continuaron los abusos contra migrantes indocumentados y que quienes les brindan asistencia “corren peligro” al ser acusadas de trata de personas.
Con relación a crímenes del pasado, esta organización con sede en Londres agregó que “tampoco se produjeron avances en cuanto al procesamiento de responsables de graves violaciones a derechos humanos cometidas en las décadas de los 60 y 70”.
