El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmó ayer que no ha dado «marcha atrás» sobre la intención de su Gobierno de tipificar como delito la inmigración ilegal, y que su posición contraria a este hecho, expresada el día anterior, solo es «una opinión personal». Según Berlusconi, la prensa ha tergiversado sus palabras, ha actuado «con mala fe».

El dirigente explicó su «pensamiento personal» y dijo que una norma que prevea la cárcel, «para, por ejemplo, cuatro mil inmigrantes que entren al día, supone tener muchísimos magistrados capaces de intervenir y otras tantas prisiones para alojarlos».

Silvio Berlusconi dijo el martes que para él la inmigración ilegal «no es un delito, pero sí una agravante» en el caso de que se cometa un delito. «Personalmente, creo que no se puede perseguir a alguien por la permanencia irregular en nuestro país, condenándolo con una pena, pero esta puede ser una agravante si comete un delito», afirmó tras reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero.

Sus palabras fueron bien acogidas por la oposición, mientras que entre sus aliados, especialmente la Liga Norte, impulsora de la iniciativa, cayó como un jarro de agua fría.

Según los liguistas, sería un «error considerar la clandestinidad tan solo una agravante». Aseguraron que con esas palabras, Berlusconi «traiciona» a su electorado, que considera la seguridad ciudadana una prioridad. «Como presidente del Gobierno no puede firmar un proyecto de ley que prevé una cosa y en la misma semana decir lo contrario. Es escandaloso que se tomen compromisos y luego se traicionen», dijo el liguista Francesco Speroni.

El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmó ayer en Berlín que «España se siente muy cómoda y muy segura» con su política migratoria y se mostró convencido de que la Unión Europea adoptará «el enfoque y la orientación» españolas en esta materia, porque la fórmula es «muy eficaz».