LUXEMBURGO (AFP) - Los ministros europeos del Interior aprobaron este jueves en Luxemburgo la denominada 'Directiva Retorno', que establece nuevas reglas de detención y expulsión de clandestinos hallados en la Unión Europea, la cual deberá ser avalada por el Europarlamento, anunció la presidencia eslovena de la UE.

Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, la 'Directiva Retorno' obliga a las autoridades nacionales de los 27 miembros de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos.

Esta expulsión o "alejamiento", como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser "voluntario dentro de los posible", aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de 6 a 18 meses.

La 'Directiva Retorno' se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque, en el segundo semestre de 2008, a partir de un "pacto europeo" impulsado por París.

Tras tres años de debates, los Veintisiete han cerrado el acuerdo de la nueva norma europea para regular la expulsión de inmigrantes. Después de las últimas pinceladas para calmar algunas demandas del Parlamento Europeo, los ministros de Interior de la UE acordaron este jueves la versión final, que permitirá -aunque no obligará- a endurecer la legislación en países como España.

Según la nueva legislación, que podría aprobarse definitivamente en la Eurocámara el próximo 18 de junio, los inmigrantes sin papeles que no quieran salir de un país europeo en el plazo de un mes pueden permanecer detenidos hasta seis meses y, si no se logra identificar la nacionalidad del afectado o su lugar de origen pone trabas burocráticas para readmitirlo, hasta un máximo de un año y medio.

Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo de entre siete y treinta días
   En España, el tope está establecido en 40 días, pero el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha anunciado que aprovechará la nueva legislación europea, que entraría en vigor en 2010, para incrementar el plazo.

Los partidarios de la directiva insisten en que, al menos, así se asegurarán máximos de retención para los miembros que carecen de ellos y estándares comunes en la expulsión. En la UE, nueve Estados, como Holanda, Malta o Reino Unido, no tienen límites en la retención de inmigrantes ilegales o superan los plazos acordados en esta directiva.

Debate en la Eurocámara
El último punto polémico, la garantía de la protección jurídica gratuita, será el centro del debate entre los eurodiputados. En el texto inicial, el derecho a un abogado público del inmigrante se incluía, pero dependía de las legislaciones de los Estados miembros. Tras una pequeña limadura, los Estados miembros se comprometen a ofrecer asistencia jurídica gratuita con menos excepciones: la solución final es la misma ofrecida a los solicitantes de asilo, que reciben ayuda, aunque con límites en caso de apelación y en función del tiempo del proceso y los costes acumulados.

Además, para evitar que los problemas financieros se conviertan en una excusa, la Comisión Europea se ha comprometido a contribuir con un fondo especial para la asistencia jurídica en los Estados miembros con problemas presupuestarios.

Otro de los puntos más debatidos en Estrasburgo -en una sesión prevista, en principio, para la noche- será el tratamiento de los menores. La directiva autoriza la repatriación de los están solos, aunque deben permanecer en un centro especial y bajo la supervisión de una autoridad especializada en niños y no en inmigrantes. Pero los eurodiputados socialistas quieren introducir más enmiendas para que se protejan mejor algunos de sus derechos, como el de la escolarización.

Los liberales en la Eurocámara, claves para lograr la mayoría y preocupados por las denuncias de los activistas de los derechos humanos, ya han confirmado que apoyarán este texto. “Éste puede parecer sólo un primer paso modesto hacia una política migratoria europea, pero por lo menos es un paso en la dirección correcta”, dijo este jueves su líder, el británico Graham Watson. “Las medidas arbitrarias ya no mandarán sobre las vidas humanas”, comentó el liberal, convencido de que la falta de una norma común es “peor para todos”.