Redacción LTH / EFE / AFP

El mismo día que, irónicamente, un editorial del diario The New York Times advertía que "Algún día, el país reconocerá el verdadero costo de su guerra contra la inmigración ilegal... (la pérdida de) la identidad nacional: el sentido de quienes somos y que valoramos", se dio a conocer que el presidente George W. Bush, bajo una Orden Ejecutiva, decidió cerrar más el cerco contra los inmigrantes indocumentados, al exigir a todas las empresas y particulares que laboren para el gobierno federal, verificar la condición migratoria de sus trabajadores.

 La nueva orden presidencial es, virtualmente, un clon de una ley que hace unas semanas atrás aprobó la Legislatura del Condado de Suffolk, en Nueva York, por la cual se ordena a los contratistas que reciben trabajos del condado revisar el status legal de sus empleados.

Y desde el hecho que la Legislatura de Suffolk es controlada por los Demócratas, y Bush es un Republicano, esto revela que en ambos partidos las fuerzas anti-inmigrantes tienen el comando de la situación. Desde esta perspectiva, un cambio de esta situación a favor de los indocumentados es poco realista —incluso si en el 2008 hay un presidente Demócrata, en el Congreso los Republicanos (más los Demócratas anti-inmigrantes) pueden bloquear fácilmente cualquier Reforma Migratoria, como se vio en el 2007.

"El gobierno federal ha pasado algunos momentos bochornosos, cuando se ha descubierto que ha contratado a empresas que tienen trabajadores indocumentados", dijo el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, en una conferencia de prensa. Por esa razón, añadió, busca poner la casa en orden.

"El gobierno federal debe poner el ejemplo y no solamente mediante exhortos", indicó.

Así, la orden ejecutiva estipula que los departamentos y agencias federales deben exigir que los contratistas utilicen un sistema electrónico, para verificar que sus trabajadores están legalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Interna opera en internet el sistema E-Verify, el cual —según Chertoff— registra la inscripción de 1.000 empleadores cada semana. El sistema permite que los patronos revisen los números de la Seguridad Social suministrados por los empleados. "La orden podría involucrar al menos cientos de miles de trabajadores, aunque potencialmente se aplicaría a millones", dijo Chertoff.

La orden de Bush tiene el obvio propósito de impedir la contratación de inmigrantes indocumentados. Pero el mecanismo podría captar también a las personas que rebasan la vigencia de sus visas o llegan al país sin permisos laborales.

"Esta es la política del poder ejecutivo para la aplicación plena de las leyes de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la detección y retiro de los extranjeros indocumentados, y la imposición de sanciones legales a los empleadores que contraten a extranjeros indocumentados", expone la orden.

El representante Brian Bilbray, que dirige al grupo legislativo sobre reforma a la inmigración, elogió como "una gran decisión'' la medida de Bush. "Eso es lo que los estadounidenses han estado pidiendo, sentido común, acciones básicas que no sean draconianas ni dramáticas", señaló.

Voces de protesta

Sin embargo, la medida ha sido criticada anteriormente y ha enfrentado retos legales en el pasado, porque el banco de datos tiene un índice de error significativo. Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los migrantes denuncian que hay discrepancias en las fichas de casi 13 millones de ciudadanos estadunidenses y que éstos serán obligados a comprobar que tienen derecho a laborar legalmente en el país.

"E-verify no resolverá ni facilitará la crisis inmigratoria. De hecho, sólo empeorará la situación, sometiendo a miles de ciudadanos y trabajadores legales en Long Island a despidos no justificados y discriminación a través de un dudoso sistema de control. Va a afectar negativamente no sólo las personas que trabajan, sino amuchas empresas que están sufriendo en una cada vez más frágil situación económica”, dijo Héctor Figueroa, Secretario Tesorero de la Local 32BJ.

Pero ésta es sólo una de múltiples medidas y acciones que ha promovido el gobierno de Bush supuestamente para aplicar las leyes migratorias en todo el país.

Chertoff también anunció que ha otorgado contratos a la empresa Boeing para la construcción de dos secciones de un muro fronterizo en Arizona. El proyecto es para lo que se llama “barda virtual”, que en lugar de utilizar sólo barreras físicas emplea una amplia gama de equipos de alta tecnología.

Además de sistemas de verificación electrónicos y “muros virtuales”, el gobierno continúa empleando tácticas más antiguas y tradicionales para mostrar su compromiso con las leyes de migración. Las redadas siguen en varias partes del país. Cada semana hay anuncios del Departamento de Seguridad Interna sobre cuántos fueron capturados y si eran “extranjeros criminales”, “fugitivos de Migración” o sólo “violadores de inmigración” –por ejemplo, según el diario La Jornada, esta semana se informó que más de mil 800 violadores de las leyes migratorias en esas categorías fueron capturados durante una operación realizada simultáneamente en seis estados.

Los indocumentados –se estima que hay 12 millones– han sido obligados a vivir una clandestinidad más profunda. Algunos, los que han sido atacados recientemente por la migra, no se atreven a salir de sus casas, y otros han abandonando los lugares donde han establecido sus hogares.

Si las medidas oficiales no son suficientes, la crisis económica del país azota a los más vulnerables. Esta semana el Pew Hispanic Center presentó un informe que registra un dramático incremento de la tasa de desempleo entre los latinos, sobre todo los migrantes. El documento señala que el desplome en el sector de la construcción, entre otros, ha costado cientos de miles de puestos. También indicó que las redadas de Migración son factor que contribuye al incremento del desempleo, con trabajadores detenidos junto con otros que abandonan sus empleos por temor a ser capturados.

Los granjeros se están yendo a México

A todo esto, como otra advertencia a lo negativo de esta política anti-inmigratoria, la agencia AFP informó que el secretario estadunidense de Comercio, Carlos Gutiérrez, advirtió que granjeros estadunidenses se están desplazando a México para continuar su producción, debido a las dificultades para contratar migrantes y la ausencia de una reforma en la materia. “Los dueños de empresas agrícolas, como no pueden encontrar trabajadores legales, tienen que seguir con su negocios y se cambian a localidades cercanas. En muchos casos ha sido a México”, añadió.