Por:  Cristina Motta  PROFESORA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES

La situación de los inmigrantes en el mundo globalizado pone en tela de juicio un concepto amplio de derechos que ya se creía consolidado.

En 1958, el juez Earl Warren, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos planteaba que la ciudadanía era nada menos que el derecho a tener derechos. Hoy, cincuenta años más tarde, las decisiones de los gobiernos de los Estados Unidos y varios países de la Unión Europea para desestimular, controlar y reprimir la migración ilegal nos permiten afirmar que aquella expresiva frase de Warren ha adquirido un carácter invertido.

Las medidas tomadas por Silvio Berlusconi en relación con la penalización de la inmigración en Italia son sólo las más elocuentes de una serie de decisiones dirigidas a ubicar a grandes sectores de la población mundial al margen de los derechos.

El debate alrededor del significado de la ciudadanía ha sido heterogéneo en la historia occidental. Sin embargo, como lo afirmó el inglés T.H. Marshall, durante los últimos dos siglos giró alrededor de la inclusión de un cada vez mayor número de personas y el ejercicio de un cada vez mayor número de derechos.

Pero las políticas migratorias actuales están marcando el final definitivo de esta sugerente y alentadora historia. La controversia actual sobre la ciudadanía ya no expresa quiénes y qué derechos la conforman. Cuestiona más bien si existe realmente un derecho a ser ciudadano; si hay un derecho a tener o adquirir ciudadanía.

La convicción ética sobre el universalismo de los derechos se ha transformando en una inquietante interrogación cuya respuesta queda al arbitrio del gobierno de turno de los países centrales y en el contexto de la globalización, la guerra contra el terrorismo y las migraciones masivas por razones económicas o políticas.

Para algunos autores contemporáneos, una de las virtudes de la globalización, vista desde la perspectiva de la ciudadanía, es la idea de que construiría un espacio mundial en el que, superados los límites vinculados a la nacionalidad, los derechos humanos serían plenamente exigibles.

Los autores que desarrollan con mayor amplitud este tema subrayan dos aspectos principales de este proceso: la integración del mercado y la consolidación del régimen de protección internacional de los derechos humanos. Estos elementos llevarían a la desnacionalización de algunas formas de ciudadanía, lo que obligaría a su redefinición en un espacio ampliado para su ejercicio. Consideran que los desarrollos actuales de la globalización han fortalecido la idea de una ciudadanía centrada en los derechos.

Esta visión en exceso optimista de los aspectos prometedores de la globalización contrasta con el espectáculo cotidiano. La forma como los países centrales están resolviendo los problemas concretos de los inmensos flujos migratorios del Tercer Mundo, pone a prueba el universalismo de los derechos humanos y las promesas de la globalización.

El constitucionalista italiano L. Ferrajoli alerta sobre estos peligros y enuncia que en el contexto actual la ciudadanía ha dejado de ser el cimiento de la igualdad para pasar a ser un requisito de entrada, un privilegio y una clara fuente de exclusión. Los peligros de esta situación son más graves justamente en el contexto de la globalización por la ausencia de garantías judiciales en el ámbito internacional y por el cambio de lugar de las respectivas garantías constitucionales como consecuencia del debilitamiento de la soberanía estatal.