www.elcomercio.com, AP

El Parlamento Europeo aprobará la próxima semana una norma que permitirá la expulsión de inmigrantes indocumentados en países del bloque. María Isabel Salvador manifestó que realizarán diálogos para llegar a acuerdos para beneficiar a los migrantes de Ecuador.

Si el Parlamento Europeo aprueba la próxima semana una norma que permitirá la expulsión de inmigrantes indocumentados en países del bloque, miles de ciudadanos bolivianos, ecuatorianos y peruanos podrían verse afectados, informaron fuentes oficiales.

Ciudadanos de Argentina, Chile, México, Uruguay y Guatemala, entre otros, no necesitan visa para entrar a Europa, pero si a los nacionales de Colombia y Ecuador se les exige ese documento.

En Quito, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador, en declaraciones a la AP dijo que "estamos bastante preocupados por eso, confiamos en que lleguemos a una conversación luego de que tanto en la reunión América Latina-Europa, como en otras reuniones con la Unión Europea, hubo algunas señales de apertura".

"Esperamos en diálogos bilaterales con países europeos llegar a algunos acuerdos para beneficiar a los migrantes de Ecuador, que se fundamenten en la no criminalización del migrante", añadió.

La titular de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero, confirmó que la acción del Parlamento Europeo podría afectar hasta a 1,2 millones de ecuatorianos que se encuentran en ese continente.

La embajadora de Bolivia en Madrid, Carmen Almendras, dijo en conversación telefónica con AP que en España viven "cerca de 350 000 bolivianos, de los cuales solo 65 000 tienen papeles migratorios". De los restantes 285 000, solo 1 700 están tramitando actualmente sus documentos, agregó.

Almendras sostuvo que si la Unión Europea desiste de su propósito alrededor del 80% de los bolivianos que viven en España tendrán sus documentos en regla.
Según la diplomática, en Europa viven 500 000 bolivianos de los que 1 700 son detenidos cada mes aunque sólo 800 de ellos son expulsados.

El canciller peruano José Antonio García, de visita oficial en Quito, declaró a la AP que "no creo que eso fuera parte de lo que alguna vez imaginamos que podría ser el diálogo (América Latina-Unión Europea). Tengo mucha esperanza de que este proceso pueda ser alterado en las instancias posteriores", agregó.

Por su parte, el secretario de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy Elhers, expresó a la AP que "en estos momentos se está entregando una comunicación suscrita por los cancilleres andinos a la Unión Europea, expresando la preocupación de los gobiernos andinos por el efecto que podrían tener estas medidas y reiterando el interés en la negociación y las conversaciones" entre los dos grupos.

La iniciativa europea, denominada "directiva de retorno", en actual trámite, permite sancionar la inmigración ilegal con el arresto y la expulsión en los 27 países de la UE.

El presidente Evo Morales ha sido el primer gobernante en manifestarse contra esa decisión a la que ha califico de "violatoria de los derechos humanos" y al mismo tiempo advirtió con aplicar la exigencia de visas al ingreso de europeos a Bolivia en una carta enviada la semana pasada a Bruselas.

En la carta, Morales expresa que de aprobarse esa ley se ingresaría "en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea y nos reservamos del derecho de normar con 108 ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa".

El canciller David Choquehuanca explicó el martes que "si el gobierno decide, podemos aplicar este principio de reciprocidad con los países de Europa". "No es una amenaza es una reclamo, ojalá la comunidad europea pueda reflexionar sobre el tema", acotó.

El portavoz del Palacio de Gobierno, Ivan Canelas, señaló el jueves que Morales "está en campaña para que no se apruebe esta ley en defensa de los derechos no sólo de bolivianos sino también de latinoamericanos".